Poder Judicial de Costa Rica

COMUNICADO DE PRENSA: Poder Judicial: urge garantizar el cumplimiento de la sanción penal

  • Autoridades Judiciales trabajan en propuesta de texto sustitutivo a Ley de Ejecución de la Pena, que tramita la Asamblea Legislativa.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez y la Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro recalcaron la necesidad de que el país cuente con una ley en materia de ejecución de la pena, para garantizar el cumplimiento de las sanciones penales impuestas por los Tribunales de la República.

El criterio lo emitieron ayer  jueves 23 de marzo de 2023, ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, quienes tienen a cargo la tramitación de un proyecto de ley para regular este tema.

“El Poder Judicial en esta materia,  tiene claro el objetivo de trabajar y cooperar con los otros Poderes del Estado a efecto de lograr una mejor herramienta para los jueces y juezas de la República y el mismo Ministerio de Justicia y la Dirección de Adaptación Social y la Administración Penitenciaria.  En todos estos temas que tienen que ver con seguridad, el Poder Judicial ofrece el apoyo de los profesionales judiciales que trabajan en la administración de justicia”, manifestó el magistrado Orlando Aguirre.

“Al no existir una Ley de Ejecución de la Pena en el país, los lineamientos para la aplicación de los deberes y derechos de las personas sentenciadas se aplican mediante un reglamento establecido para estos fines.  Lo que proponemos es que mediante una ley se definan las competencias de los Tribunales de Justicia de la Administración Penitenciaria, para asegurar el cumplimiento de la sanción penal”, puntualizó la magistrada Patricia Solano Castro.

Actualmente las modalidades que se pueden otorgar a una persona sentenciada primaria en el momento de la ejecución de la pena, es competencia de los Juzgados de Ejecución de la Pena y el Ministerio de Justicia y Paz desde la Dirección General de Adaptación Social y el Instituto Nacional de Criminología.

Ambos jerarcas se refirieron igualmente a la propuesta de ley que construyó el Poder Judicial para reformar la Ley de Archivo y Registro Judicial, que vendría a impactar el tema de reincidencia delincuencial, que actualmente acorta el plazo de inscripción de las condenas establecidas a las personas.

En este momento, se elimina la anotación de la pena una vez cumplida la sentencia de la persona, cuando son penas menores.  Las autoridades judiciales proponen ampliar ese plazo de inscripción, pues antes se establecía hasta 10 años después de cumplida la condena. Se analiza reducir ese plazo en algunos delitos como los culposos o los que tienen una sanción con pena de multa.

En el año 2020 se registraron un total de 16 893 personas sentenciadas, de las cuales 14 632 fueron personas primarias (con una sentencia por primera vez) y de este total, 2 261 personas reincidieron en la comisión de un delito.

Para el 2021, se contabilizaron 15 840 personas sentenciadas, de las cuales 13 878 eran primarias y del total, 1 962 reincidieron en actividades delictivas.

La comisión legislativa convocó a ambos jerarcas judiciales para que se refirieran a las causas que provocan que las personas que han delinquido de manera reiterada, se encuentren en libertad y continúen en actividades delictivas, ello para que se realicen las propuestas necesarias; en coordinación, acciones o modificaciones legales para evitar que continúen sucediendo esta situación.

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